En una declaración reciente, la Secretaria de Finanzas de Escocia, Shona Robison, expresó su profundo descontento con el aumento de la financiación propuesto por el gobierno del Reino Unido de 300 millones de libras esterlinas. Subrayó que esta cantidad no alcanza para cubrir el aumento previsto de las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social, una preocupación clave para el sector público de Escocia.
Según los informes, los funcionarios del Tesoro en Londres han informado a sus homólogos en Edimburgo de que Escocia recibirá entre 295 y 330 millones de libras esterlinas para ayudar a gestionar los crecientes costes de personal del sector público. Sin embargo, Robison ha estimado que se necesitan más de 500 millones de libras esterlinas para abordar plenamente estos costes. Si se tiene en cuenta el empleo indirecto en sectores como el cuidado infantil y la asistencia social, el total podría alcanzar los 750 millones de libras esterlinas.
Robison ha dejado claro que la propuesta de financiación actual es inadecuada y ha pedido al Tesoro del Reino Unido que reconsidere su enfoque para garantizar una financiación adecuada para los servicios públicos de Escocia. El gobierno del Reino Unido parece haber aplicado la Fórmula Barnett –un mecanismo diseñado para asignar fondos proporcionalmente entre las naciones descentralizadas– para llegar a esta cifra. Sin embargo, Robison descartó este cálculo como “inaceptable” y “muy bajo”, considerando las proyecciones de Escocia basadas en la misma fórmula. Argumentó que no es razonable que el gobierno del Reino Unido proporcione recursos y al mismo tiempo imponga recortes a través de contribuciones a la Seguridad Social insuficientemente financiadas.
Se han planteado inquietudes sobre el posible impacto de las disparidades de financiación en el sector público más amplio de Escocia, que emplea aproximadamente a 600.000 personas, lo que representa el 22% de su fuerza laboral total, en comparación con aproximadamente el 17% en todo el Reino Unido. Esta disparidad ha generado temores de que Escocia podría enfrentar un déficit si la compensación no se alinea proporcionalmente con el tamaño de su sector público. Un portavoz del gobierno escocés reiteró una votación parlamentaria de la semana pasada que solicitaba al gobierno del Reino Unido que reembolsara más de 500 millones de libras esterlinas por estos cambios. Advirtió que una compensación insuficiente podría obstaculizar el crecimiento económico y dañar servicios públicos cruciales. El Instituto Fraser of Allander también ha proyectado un déficit potencial de £500 millones debido a los cambios impositivos, lo que destaca los desafíos que enfrentan los ministros del SNP para equilibrar su presupuesto en medio de costos crecientes.
Mientras continúan las negociaciones entre el gobierno escocés y Westminster, la claridad sobre la financiación futura sigue siendo vital antes del próximo anuncio del presupuesto de Escocia. Hay mucho en juego no solo para los servicios públicos, sino también para mantener la confianza en la gobernanza en medio de las presiones financieras actuales. Mientras Robison busca soluciones de financiación más sólidas, todas las miradas estarán puestas en cómo se desarrollan estas negociaciones y qué significan para el panorama fiscal de Escocia en el futuro.
El déficit de financiación preocupa al secretario de Finanzas escocés La secretaria de Finanzas escocesa, Shona Robison, ha expresado su preocupación por el hecho de que el aumento previsto de 300 millones de libras en la financiación del gobierno del Reino Unido no cubra las crecientes contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social.
Los médicos de cabecera están instando al gobierno a que los exima de los próximos aumentos de impuestos a los empleadores anunciados en el reciente presupuesto, y expresan su preocupación por los posibles efectos negativos en los servicios a los pacientes.