Un joven egipcio de 24 años obtuvo recientemente una indemnización de más de 157.000 euros por detención injusta. Este importante reconocimiento se produce después de pasar casi dos años en prisión acusado de secuestro y otros delitos. Detenido en mayo de 2021, el joven fue absuelto plenamente en marzo de 2022. La decisión fue adoptada por la quinta sección penal del Tribunal de Apelación de Milán, compuesta por los jueces Tallarida, Criscione y Ravera.
La indemnización fue concedida tras la solicitud presentada por los abogados Marco Romagnoli y Debora Piazza. La sentencia, ahora firme, no sólo supone un paso importante para el joven egipcio, sino que también abre el camino a peticiones similares de otros cuatro compatriotas que han vivido una situación similar. Estos últimos también esperan una indemnización por detención injusta relacionada con casos que se remontan al mismo período. En marzo de 2023, un grupo de siete egipcios fueron absueltos de cargos graves como secuestro y daños. Las sentencias dictadas incluían formulaciones como “el hecho no existe”, lo que llevó a la liberación inmediata de los implicados tras condenas iniciales de hasta siete años.
El joven a quien se concedió la indemnización había sido acusado inicialmente de una serie de delitos que incluían robo, secuestro e intento de extorsión. En primera instancia fue condenado a seis años y seis meses. Sin embargo, los jueces de apelación dejaron claro que su derecho a reparación no podía verse comprometido porque decidió no responder durante el interrogatorio posterior a la detención.
“Ni siquiera haber hecho uso del derecho a no responder puede ser elevado a perjuicio”, subrayaron los jueces en su razonamiento.
Esta historia plantea preguntas más amplias sobre la justicia penal y el tratamiento de los prisioneros en Italia. Si bien el caso del joven egipcio termina con un resultado positivo, queda por ver cómo las instituciones abordarán solicitudes similares de los demás presos implicados. La cuestión de las detenciones injustas pone de relieve la necesidad de un sistema jurídico que pueda garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la justicia.
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